El régimen de las Autonomías tiene estas cosas, en
ocasiones la descentralización genera desigualdades entre regiones. Todo comenzó
con el alumbramiento de la Constitución española al permitir desde su cuna esa
fiscalidad especial para algunos territorios como País Vasco y Navarra que
todos conocemos como el Cupo Vasco y que hereda de una especie de derecho
adquirido desde el final de la III Guerra Carlista (1878). Era tiempo de
cesiones, de que todas las sensibilidades políticas se sintieran a gusto y se cometieron
torpezas como aquella de declarar en el artículo II que en España caben distintas
nacionalidades. De esos polvos... estos Puigdemones.
¡Pero aún hay esperanzas! La sociedad española siempre
nos sorprende y algo insólito está sucediendo estos días en España. Todos
estamos acostumbrados a manifas y
concentraciones de sindicatos, de funcionarios públicos, de lobbies o de
asociaciones con un objetivo claro: mejorar sus condiciones laborales o su
estatus quo pidiendo al Gobierno que dispare el gasto público para mantener su establishment
(negociete en castellano).
Pero estos días, resulta que cientos de españoles
han firmado pidiendo a sus respectivos gobiernos menores y por extensión al
gobierno de España que de una vez por todas termine con el sablazo fiscal al
que nos tienen tan acostumbrados.
En este caso, la espita ha saltado porque en ciertas
regiones españolas, sus gobernantes no se conforman con meterle la mano en el
bolsillo a los vivos, sino que tampoco dejan en paz a los muertos.
Hablo del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este
tributo está totalmente disparado en Asturias, Andalucía, Extremadura, etc. y
la gente que tiene algún ahorrillo en vida o piensa en dejarles a sus hijos una
casa en herencia, a veces lo único que consigue para sus descendientes es
endosarles una deuda inasumible con su Comunidad Autónoma.
En Andalucía, cada 24 horas 19 ciudadanos renuncian
a su herencia porque no pueden pagar el impuesto que la Junta les impone por
quedarse con lo que sus padres, tíos o abuelos ya han pagado en vida.
En algunas partes de España no solo basta con pagar
impuestos al escriturar la casa, tampoco sirve con apoquinar durante toda una
vida el IBI y la hipoteca, sino que al morir, tus descendientes vuelven a pagar
por lo mismo. Algo totalmente inconstitucional.
Hace unas semanas, el testimonio de una anciana
asturiana conmovió a la opinión pública: Clavelina García, de 82 años, heredó
un piso que tenía su hermano, valorado en 300.000 euros, y cuando empezó los
trámites le comunicaron que tenía que abonar 80.000 euros en impuestos.
La mujer no tenía ese parné para soltar, pero
tampoco otra casa propia donde vivir. Todo un drama equivalente a ese otro de
los desahucios, pero con las cuentas al día.
¿Moraleja? Usted puede vivir toda la vida sin
trabajar que Papá Estado saldrá a rescatarle con alguna ayuda o subsidio. Puede
dejar de pagar una hipoteca u ocupar una casa esgrimiendo que tiene derecho a
una vivienda digna y nadie abrirá la boca. Es más, algunos le defenderán contra
viento y marea.
Sin embargo, si prefiere ahorrar, intentar dejarle a
sus hijos unos miles de euros, o una casa en propiedad, o siquiera un coche...
Si usted prefiere evitar el mal camino y pagar sus impuestos e hipoteca, ser un
buen ciudadano... ¡Ay, amigo! Sepa usted que el Estado llamará a la tapa de su
ataúd para pedirle un último esfuerzo fiscal. Le meterá la mano en el bolsillo.
Al fin y al cabo... los muertos no pueden quejarse.
Algunos gobernantes, como Susana Díaz, han tachado de
paraísos fiscales aquellas regiones españolas que han bajado hasta el máximo
permitido este tipo de impuestos y pretenden que para que sus conciudadanos no
se empadronen a la vejez en regiones más benignas en materia impositiva como lo
es Madrid o Canarias, es decir, para que no huyan despavoridos del sablazo andaluz,
todo el resto de Comunidades armonice este impuesto al alza.
En Madrid, el impuesto de sucesiones está bonificado
al 98% desde que Esperanza Aguirre lo redujese en 2005 y Cristina Cifuentes,
con acierto, ha seguido estas políticas liberales de reducir impuestos, que es,
aunque suene contradictorio, la mejor manera de recaudar más y mejor.
- "Si por un piso céntrico tienes que pagar
15.000 ó 20.000 euros de la Plusvalía y 40.000 de Sucesiones, vale más que se
queden con el piso, que es lo que está pasando" - aseguraba uno de los
manifestantes por las calles de Oviedo.
Recientemente, el Tribunal Constitucional también ha
declarado ilegal el impuesto de plusvalías, lo que es una magnífica noticia
para los contribuyentes, pero pésima para los malos gestores de lo público.
Solo en Aranjuez, gracias a este impuesto, se recauda al año casi un millón de
euros.
En un país en el que desde la salida de Aznar de la
política (2004), las líneas económicas de los diferentes gobiernos han sido de
naturaleza social-demócrata consistentes en subirnos los impuestos directos e
indirectos hasta la náusea, es hora de que todos tomemos conciencia de que
nuestro dinero es nuestro, no del Estado.
Preguntémonos si han mejorado tantísimo los
servicios públicos recibidos desde hace 20 o 30 años como para pagar por ellos
10 veces más o nuestro dinero se ha derrochado en una administración
mastodóntica, en una tela de araña funcionarial y clientelar sin precedentes
conocidos. En 1975, cuando falleció Franco, teníamos un millón setecientos mil
funcionarios, aproximadamente y ahora rozamos de nuevo los 3 millones de
empleados públicos.
En un país cuyo nivel de deuda ha alcanzado el 110%
del PIB (en Año Nuevo ya el Gobierno español debe más dinero del que recaudará
en todo el año), es necesario de una vez por todas comenzar a recortar el gasto
público, a dejar de pedir esfuerzos a la ciudadanía, al emprendedor, al jubilado,
al empresario o al trabajador y comenzar a ajustar las cuentas públicas.
Es imprescindible tomar medidas traumáticas y
dolorosas si queremos que el sistema del Bienestar sea sostenible y una de
ellas no es reducir la jornada laboral a 35 horas a los funcionarios de la
Junta, como ha hecho la señora Susana Díaz a la vez que sangra a los andaluces,
sino contener el gasto público para que el sistema sea perdurable en el tiempo
y podamos acabar nuestra vida como ahorradores, no como ladrones.
Javier Lindo Paredes
